El contrabando de combustible se ha convertido en una creciente amenaza para el transporte terrestre de carga. Según datos de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre y de Carga, ANATEC, diariamente ingresan al país entre 60 000 y 120 000 galones por las fronteras con Ecuador y Bolivia.
Por su parte, Martín Ojeda, Director de la Cámara de la Industria Internacional del Transporte (CIT), alerta sobre la desnaturalización del libre comercio en el transporte de carga debido a la cantidad industrial de combustible que ingresa ilegalmente. Los conductores extranjeros modifican sus vehículos para eludir la necesidad de abastecerse de combustible en el Perú, lo que distorsiona los costos operativos, afecta los precios del flete y genera competencia desleal, poniendo en peligro el sustento de miles de transportistas nacionales.
“Estos tanques alterados son utilizados para trasladar combustible de contrabando que, además de ser de menor calidad, no están sujetos a los impuestos de ley, ocasionando una evasión fiscal contra el Estado peruano de alrededor de mil millones de dólares anuales”, enfatiza Ojeda.
La inacción y la falta de control por parte de las autoridades son las principales preocupaciones de los transportistas, quienes exigen el cumplimiento estricto de la normativa vigente y que se persiga al contrabando como un ilícito penal.
Además, hacen un llamado para que la Sutran pueda imponer papeletas a los vehículos infractores y proponen que se cambie la infracción G64, que prohíbe conducir vehículos cuyas características han sido modificadas, alteradas o agregadas, para que la sanción pase de una multa del 8% de la UIT al internamiento por 60 días en el depósito a los vehículos manipulados.
Asimismo, solicitan que Osinergmin fiscalice y haga respetar los límites máximos de combustible con el que puede ingresar un vehículo al territorio nacional. Y que el MTC cumpla con expedir el reglamento del Observatorio del Transporte Terrestre. Esto permitirá que se inspeccione a quienes promueven estas acciones ilegales y se benefician con la distorsión en el precio del flete.
«Estamos en una situación límite», advierte Ojeda. «El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Sutran, la Policía Nacional, Migraciones y Aduanas deben tomar medidas para revertir esta escalada de contrabando que amenaza con destruir el transporte nacional. De lo contrario, existe el riesgo de perder el control total de las fronteras, fomentar la informalidad, generar enfrentamientos entre transportistas y propiciar el surgimiento de mafias armadas provenientes de países vecinos».